Por primera vez, México cuenta con una regulación clara y específica para los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, los cuales deberán contar con permisos propios y ajustarse a criterios técnicos, jurídicos y financieros definidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE). La medida fue oficializada el pasado 23 de octubre con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACGs), que también aplican a la generación, pero establecen lineamientos diferenciados para esta nueva clase de infraestructura.
La publicación ocurre en un momento estratégico para el desarrollo del sector, en medio del reciente llamado del Gobierno mexicano al sector privado para viabilizar 6.000 MW en energías renovables, lo que anticipa una expansión acelerada de proyectos donde el almacenamiento jugará un rol fundamental en la gestión de intermitencias y la seguridad operativa del sistema.
De acuerdo con las nuevas reglas, los desarrolladores de sistemas de almacenamiento deberán solicitar permisos específicos ante la CNE, presentando documentación detallada sobre tecnología, capacidad, ubicación, cronograma de obras, condiciones de operación y plan financiero. Además, deberán acreditar la experiencia técnica del equipo desarrollador y entregar estudios de impacto eléctrico emitidos por el CENACE, que demuestren la viabilidad de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La normativa incorpora como principio central la planeación vinculante, lo que significa que la autorización de proyectos quedará sujeta a su compatibilidad con los planes oficiales de expansión del sistema. Esta condición apunta a asegurar que las nuevas instalaciones contribuyan de manera efectiva a la confiabilidad, continuidad y eficiencia del servicio eléctrico.
Para obtener el permiso, las empresas deberán presentar estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios fiscales, un plan de negocios con flujos de caja proyectados, tasa interna de retorno, análisis de riesgos y evidencia de respaldo económico, incluyendo cartas de intención o crédito irrevocable para respaldar la ejecución de las inversiones.
La vigencia de los permisos para almacenamiento podrá extenderse hasta 30 años, en el caso de esquemas mixtos con participación pública y privada. Para otras modalidades, los plazos establecidos varían: 20 años para proyectos de autoconsumo, 25 para generación orientada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y 15 años adicionales en caso de migraciones de permisos en operación, respetando un máximo de 30 años.
La documentación deberá ser enviada a través de la Oficialía de Partes Electrónica (OPE) de la CNE, utilizando formatos oficiales y cumpliendo con los requisitos jurídicos, fiscales y técnicos exigidos para cada tipo de titular (persona física, moral o entidad estatal). El proceso de evaluación tiene un plazo máximo de 60 días hábiles, tras los cuales el regulador podrá autorizar, requerir información adicional o rechazar la solicitud, siempre con fundamento técnico y legal.
La normativa también regula las condiciones para modificar permisos existentes, ya sea por actualizaciones técnicas, cesiones, fusiones, escisiones o migraciones. Se aclara que ningún proyecto podrá iniciar su construcción sin haber obtenido previamente la autorización definitiva en materia de impacto social por parte de la Secretaría de Energía, y sin que esta haya sido notificada a la CNE.
Con este nuevo marco, el gobierno mexicano da un paso clave para integrar el almacenamiento eléctrico como una actividad formalmente regulada y planificada, dotando al sector de una estructura legal que hasta ahora era difusa o inexistente. Esta medida responde a la necesidad de ordenar la incorporación de baterías y otras tecnologías de respaldo en un sistema que enfrenta crecientes desafíos de integración renovable, expansión territorial y seguridad operativa.
La introducción de permisos específicos y la exigencia de planeación vinculante no solo fortalecen la transparencia y la previsibilidad, sino que también sientan las bases para atraer inversión de largo plazo en soluciones de almacenamiento, clave para acelerar la transición energética del país bajo un enfoque técnico, estratégico y sustentable.
