El Gobierno de México anunció la aprobación de 20 proyectos privados de generación renovable por un total de 3.320 MW de capacidad instalada y 1.488 MW de almacenamiento, tras la convocatoria lanzada en octubre pasado. Las iniciativas representan una inversión conjunta de 4.752 millones de dólares, y comenzarán su ejecución en 2026, con una segunda convocatoria confirmada para finales de enero próximo.
“Estamos contentos porque refleja un interés claro por invertir en nuestro país. Por eso, por instrucciones mías, vamos a repetir este ejercicio”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al anunciar que este nuevo modelo de planeación estatal será replicado el próximo año como parte de la estrategia energética nacional.
La convocatoria, publicada el pasado 17 de octubre, fue diseñada para acelerar los procesos de evaluación y aprobación de permisos. Tal como informó Energía Estratégica, su objetivo fue viabilizar 6.000 MW renovables. En total, se ofertaron 5.970 MW de capacidad renovable distribuidos en seis regiones del país. De ellos, 3.790 MW correspondían a tecnologías fotovoltaica y eólica, y finalmente se adjudicaron 20 proyectos que cumplieron con todos los requisitos técnicos, sociales, ambientales, financieros y legales.
Esto significa que se cubrió el 55% de la capacidad de generación ofertada y se asignó el 58% de los proyectos propuestos en la primera convocatoria. Las iniciativas seleccionadas suman 3.320 MW de generación y 1.488 MW de almacenamiento: en total, 15 proyectos solares aportarán 2.471 MW, mientras que 5 parques eólicos sumarán 849 MW.
Calendario de entrada en operación y distribución regional
El cronograma de entrada en operación de estos proyectos contempla tres momentos: el 19% iniciará operaciones en 2027, el 78% en 2028, y el 3% restante en 2029, con fechas que se ubican entre diciembre de 2027 y julio de 2029, dependiendo del tipo de tecnología y región adjudicada. “Las plantas tardan entre dos y casi tres años en construirse, por eso la mayoría entrará en 2028”, detalló Luz Elena González, secretaria de Energía.
Los proyectos aprobados estarán ubicados en 11 estados del país, incluyendo Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro. En términos regionales, la región Peninsular fue la más adjudicada, con 1.419 MW y una inversión de 2.219 millones de dólares. Le siguieron la región Occidental, con 701 MW y 861,4 millones de dólares; la región Oriental, con 520 MW y 785 millones de dólares; la región Central, con 440 MW y 527,2 millones de dólares; y la región Noreste, con 240 MW y 358,6 millones de dólares.
El proceso se desarrolló en línea con la Planeación Energética Vinculante, lo que marcó un cambio estructural en el modelo de permisos. A diferencia del esquema anterior, basado en solicitudes individuales del sector privado, el nuevo enfoque estableció una planificación centralizada que define dónde, con qué tecnología y bajo qué condiciones es posible generar energía. Esta herramienta permitió reducir los tiempos de tramitación de permisos de 8 meses a solo 2.5 meses en promedio, sin sacrificar rigor técnico.
“Ahora la Secretaría de Energía hizo un esquema distinto. Dijo: a ver, quieres generar privado, yo te voy a decir dónde y con qué vas a generar”, manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum, al explicar que este modelo coordina la inversión privada con las necesidades reales del país.
“Estamos garantizando energía eléctrica suficiente para el desarrollo del país”, agregó, y subrayó que el nuevo modelo tiene “orden, planeación y garantía”, tanto para el Estado como para los privados.
La selección de proyectos fue realizada por un Comité Técnico interinstitucional compuesto por la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otras autoridades responsables de verificar el cumplimiento de requisitos sociales, técnicos, legales y ambientales. Todo el proceso fue canalizado a través de una ventanilla única, lo que permitió una evaluación integral y simultánea.
Además de priorizar la confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico, el Comité incorporó criterios como la justicia energética y la innovación tecnológica en la evaluación de proyectos. La funcionaria subrayó que “estos proyectos se evaluaron con criterios sociales, técnicos y financieros, y ahora también se les dará seguimiento en la ejecución”, para asegurar su cumplimiento. “Queremos que los permisos no sean de papel, sino que realmente se ejecuten”, enfatizó González.
En paralelo, se fortalecerá la infraestructura de transmisión para acompañar esta expansión. “Se está invirtiendo en líneas de transmisión porque se genera, pero ¿cómo transmites la energía? Estamos garantizando producción, transmisión y distribución”, señaló Sheinbaum.
