Costa Rica avanza con decisión hacia una nueva etapa de su transición energética, marcada por la incorporación de nueva capacidad renovable, el impulso a tecnologías de almacenamiento y un marco regulatorio que habilita mayor participación privada. Según detalló Ana Lucía Alfaro Murillo, Projects Director y asesora senior en energía y sostenibilidad en Biomatec, “el país está materializando oportunidades concretas que fortalecen el liderazgo renovable alcanzado en décadas recientes”.
A lo largo de 2024, el país adjudicó cinco plantas solares privadas por 86 MW, cuya ejecución está prevista entre 2025 y 2026. Además, el ICE preparó una convocatoria por 100 MW solares para febrero de 2025. En paralelo, se adjudicaron 80 MW eólicos en Guanacaste y se lanzó la repotenciación del parque Tejona, que sumará 42 MW mediante una licitación abierta durante 2025.
“La Ley 7200 permitió que los actores privados participaran de forma ordenada y complementaria en el desarrollo de nuevas plantas”, destacó Alfaro Murillo. Estos proyectos bajo esquema BOT (Build, Operate, Transfer) fortalecen la diversificación de la matriz y mejoran la competitividad del sistema.
El sistema eléctrico enfrenta una demanda creciente que alcanzó un pico de 1.925 MW en 2024, lo cual obliga a acelerar los tiempos de expansión de capacidad. Alfaro Murillo planteó que “se requería una planificación flexible, que respondiera con rapidez a contextos cambiantes y a eventos climáticos extremos”.
La hidrología adversa generada por el fenómeno de El Niño redujo la participación renovable al 86,8% en 2024, obligando a recurrir a más generación térmica e importaciones. En ese contexto, se consideró también la contratación de unidades térmicas de respaldo a lo largo de 2025, mientras se consolidan las nuevas fuentes renovables y se normaliza la disponibilidad hídrica.
Modernización de activos, almacenamiento y nuevos marcos regulatorios
Además de incorporar nuevos proyectos, el país trabajó en la modernización de plantas hidroeléctricas y geotérmicas de alta criticidad. Instalaciones como Cachí, Arenal, Dengo, Ventanas Garita y Miravalles 1 y 2 están siendo intervenidas para extender su vida útil, mejorar su eficiencia y asegurar potencia firme. “Estas repotenciaciones requerían planificación rigurosa, ya que implicaban salidas prolongadas de unidades clave”, señaló Alfaro Murillo.
También se proyectaron nuevos desarrollos como Borinquen II y la Plazoleta Geotérmica (PLB-01), mientras que el proyecto hidroeléctrico Fourth Cliff reforzará la base de generación renovable a partir de la próxima década.
Una de las innovaciones clave será la incorporación de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), contemplados en el Plan de Expansión de la Generación (PEG) 2024 con dos bloques de 120 MW y autonomía de 4 horas, programados para 2031 y 2034, aunque con discusiones técnicas activas desde 2025.
“El almacenamiento permitía desplazar energía hacia los momentos críticos y reducir el uso de térmica”, explicó Alfaro Murillo. También se discutía la implementación de sistemas grid-forming que aportaran inercia y estabilidad a la red.
ARESEP ya introdujo señales regulatorias para servicios auxiliares y abrió espacio al almacenamiento distribuido, en paralelo con el utilitario.
La aprobación de la Ley 10086, junto al Decreto 43879-MINAE y metodologías definidas por ARESEP, habilitó a hogares, comercios e industrias a producir su propia electricidad y compensar excedentes.
“La generación distribuida permitió democratizar la transición energética y redujo las pérdidas en transmisión”, afirmó la experta de Biomatec. En este modelo, las cooperativas rurales, empresas privadas y usuarios individuales se convirtieron en actores activos del proceso de descarbonización.
Durante 2025 y 2026, se espera también el avance del marco operativo de esta ley, con ajustes tarifarios y nuevas instalaciones bajo esquemas de autoconsumo y compensación de excedentes.
Innovaciones futuras
Como vector energético emergente, el hidrógeno verde se incorporó a la estrategia nacional impulsada por el MINAE, con respaldo técnico de la cooperación alemana (GIZ). Los sectores foco fueron transporte pesado e industrias difíciles de electrificar. “Hubo condiciones para iniciar pilotos que generaran capacidades locales y, a mediano plazo, escalar a un mercado competitivo”, aseguró Alfaro Murillo. Algunos de estos desarrollos se prevén para 2026.
Además, el país incorporará 20 MW de biomasa en 2026, dentro del paquete de proyectos definidos por el PEG, fortaleciendo aún más la diversificación tecnológica.
Con estos avances en marcha, Costa Rica se posicionó para consolidar su liderazgo renovable, fortaleciendo la seguridad del suministro, impulsando la participación del sector privado y desplegando tecnologías clave como el almacenamiento energético. Todo esto en un contexto de mayor demanda, presión climática e impulso a la descentralización, que exigió planificación inteligente y ejecución efectiva.
“El modelo costarricense no excluyó a los privados: los incorporó de manera complementaria, bajo reglas claras y con el ICE como rector del sistema”, subrayó Alfaro Murillo. La próxima etapa, en desarrollo durante 2025 y 2026, se juega con más actores, más tecnologías y una renovada ambición por descarbonizar sin perder firmeza.
