El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó el 25 de agosto de 2025 la apertura del procedimiento para la elaboración de las directrices sectoriales de planificación territorial para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (SBA) en suelo no urbanizable. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el 5 de septiembre , también incluye la suspensión temporal de las autorizaciones para dichos proyectos, excepto en suelo industrial, minero o energético degradado o en desuso, y para instalaciones de autoconsumo de hasta 3 MW .
La decisión llega más de un año después de que la Comisión de Planificación Urbana y Territorial (CUOTA) advirtiera sobre la falta de regulación y la afluencia descontrolada de solicitudes de empresas que buscan puntos de conexión a la red en la región sin criterios urbanísticos ni sociales definidos. Esta situación generó preocupación pública y motivó la elaboración de un marco regulatorio.
Según el acuerdo, el Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos de la Ciudadanía será responsable de la elaboración de las directrices, mientras que el Departamento de Ciencia, Industria y Empleo elaborará el borrador y la evaluación ambiental estratégica inicial. Esta última definirá los objetivos de la nueva normativa y los aspectos territoriales y ambientales que se modificarán. Una vez finalizado, el borrador se someterá a consulta pública durante un mes .
Un informe de la Universidad de Oviedo respalda la medida, identificando los riesgos asociados a las instalaciones de BESS en cinco categorías: incendios, gases, derrames, emisiones electromagnéticas y ruido . Si bien el progreso tecnológico ha mejorado la seguridad, se considera esencial establecer criterios de ubicación que tengan en cuenta la interfaz urbano-forestal y la normativa vigente sobre ruido.
El contexto territorial añade complejidad: el 44% de la superficie asturiana está compuesta por espacios naturales protegidos , con estrictas limitaciones a la transformación del uso del suelo. Además, la Directiva Europea de Gestión del Riesgo de Inundación exige la exclusión de zonas con un riesgo significativo comprobado. Paralelamente, el Principado, junto con el CSIC y la Universidad de Oviedo , está elaborando un inventario de espacios degradados, identificando ya 224 áreas en la región central, de las cuales 208 superan la hectárea . Estas áreas, próximas a la demanda eléctrica y a la infraestructura de red, se perfilan como lugares idóneos para proyectos BESS.
La suspensión de permisos, según explican las autoridades, tiene como objetivo garantizar la eficacia de la planificación futura, evitando usos del suelo no regulados que podrían obstaculizar la planificación sectorial. El marco regulatorio debe equilibrar el interés público de los BESS, reconocido por la legislación europea, con la protección del medio ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos y el equilibrio territorial .
Mediante este proceso, Asturias busca alinear los compromisos nacionales en materia de transición energética con la preservación de su entorno rural y natural. El próximo reglamento establecerá criterios definitivos de ubicación, a la vez que abrirá un espacio de participación pública en el que los actores sociales y empresariales podrán contribuir a la configuración del marco regulatorio.
