Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana han dado un paso clave para el desarrollo del almacenamiento energético al actualizar sus marcos regulatorios, con disposiciones específicas para agilizar la tramitación de este tipo de infraestructuras, en especial las asociadas a plantas renovables. Estas reformas configuran un terreno propicio para acelerar inversiones tanto públicas como privadas en almacenamiento hibridado e independiente.
Galicia, por su parte, incorporó en su Ley 5/2025 de medidas fiscales y administrativas una cláusula que reconoce el almacenamiento eléctrico como infraestructura energética de interés público. Esta disposición equipara al almacenamiento con las redes de transporte y distribución, lo que le otorga plena compatibilidad urbanística incluso en suelo rústico.
Además, la Xunta habilita una tramitación preferente para estos proyectos, permitiendo aplicar el procedimiento simplificado de impacto ambiental, especialmente en casos de hibridación.
La norma también refuerza la figura del proyecto estratégico, permitiendo que la administración autonómica asuma la competencia única sobre expedientes complejos o de impacto territorial relevante.
Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, el Decreto-Ley 14/2025 introduce medidas urgentes para el impulso de instalaciones de generación y almacenamiento, con prioridad expresa para el autoconsumo y el almacenamiento energético hibridado. La norma contempla una vía extraordinaria de evaluación técnica abreviada, mediante la declaración de «proyectos prioritarios para la transición energética», que agrupa procedimientos sectoriales.
Asimismo, el decreto flexibiliza los requisitos de compatibilidad territorial en suelo no urbanizable, y habilita a los ayuntamientos a emitir informes en plazos más breves, para reducir los cuellos de botella habituales. La figura del almacenamiento queda además incorporada a los instrumentos de planificación energética de la Generalitat.
Tal como publicó Energía Estratégica, Andalucía aprobó la Ley 4/2025, de espacios productivos de interés autonómico, donde se reconoce expresamente el interés estratégico del almacenamiento energético, lo que implica la tramitación prioritaria para este tipo de iniciativas. La normativa permite modificar o anular el planeamiento urbanístico vigente, habilitando que el uso energético prime sobre otros. Además, la ley introduce una tramitación ambiental simplificada para instalaciones de menor escala, lo que podría reducir significativamente los tiempos de ejecución.
Estas reformas legales se acompañan de un importante empuje en la ejecución de proyectos concretos. En la Comunidad Valenciana, la empresa X-ELIO Energy obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para su proyecto El Tello, con 63 MW de capacidad, ubicado en la provincia de Valencia. Además, Endurance Motive construirá el primer gran sistema de almacenamiento para hibridación en la región, con una capacidad de 50 MWh.
Según datos oficiales, la Comunidad Valenciana ya cuenta con más de 500 MW en proyectos de almacenamiento en tramitación, mientras que en la última convocatoria FEDER adjudicó 15 proyectos por un total de 44,5 millones de euros.
En Andalucía, el avance también es notorio. El proyecto ST Cerrillo, impulsado por Rolwind, se encuentra en proceso de información pública para obtener la autorización administrativa previa y de construcción. El mismo prevé una potencia de 77,6 MW, ubicado en Málaga.
A esto se suma una larga lista de iniciativas adjudicadas por fondos europeos, como el proyecto BESS La Vega, con 10,5 MW de potencia y más de 24 MWh de capacidad, y Solacor TES1, de 60 MW de potencia y 310 MWh de almacenamiento.
En el caso gallego, el ritmo de solicitudes también evidencia un alto interés. La Consellería de Economía e Industria informó que Galicia ya registra 30 solicitudes en trámite para instalaciones de almacenamiento eléctrico, con dos ya autorizadas, en Vigo y Malpica, y una planta ya operativa en Sanxenxo, desarrollada por Sungrow Renewables. Este último proyecto representa la primera planta de almacenamiento autónomo del país, con una potencia de 5 MW y una capacidad de 20 MWh, que permite absorber energía de la red en momentos de baja demanda y devolverla cuando es necesaria.
“En condiciones operativas complejas, esta planta abastece a 2.000 hogares al año”, informaron desde la compañía.
A nivel normativo, las tres comunidades comparten un enfoque común: priorizar el almacenamiento hibridado como una palanca clave para la transición energética, reducir los tiempos de tramitación y generar condiciones favorables para atraer inversión privada. Además, destacan mecanismos como la declaración de interés público autonómico, la tramitación preferente o el reconocimiento del almacenamiento como uso compatible en suelo rústico.
Estos avances se dan en un contexto nacional en el que España proyecta alcanzar más de 20 GW de almacenamiento en 2030.
