La Resolución SIE-178-2025-MEM, establecida recientemente por la Superintendencia de Electricidad (SIE) de República Dominicana, introdujo un nuevo marco técnico para la integración de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB) en proyectos de renovables dentro del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
La norma establece que los proyectos entre 20 y 200 MWac deberán incorporar almacenamiento equivalente al 50% de su capacidad, con una duración mínima de 4 horas, mientras que los emprendimientos superiores a 200 MWac quedarán sujetos a evaluación de la Comisión Nacional de Energía.
Augusto Bello, asesor energético privado en A&A Business Intelligence Group, explicó a Energía Estratégica que el objetivo central es “mitigar los efectos de la intermitencia natural de las energías renovables mediante el uso de baterías, facilitando su integración eficiente y proporcionando servicios de confiabilidad y respuesta rápida al sistema eléctrico”.
El texto regulatorio impone exigencias operativas avanzadas para los SAEB, entre ellas la capacidad de operar en modo grid forming, iniciar tensión y frecuencia sin referencia externa, amortiguar oscilaciones, ejecutar arranque en negro y responder ante variaciones climáticas.
En materia de control de rampa, se estableció un límite del 25% de la potencia nominal por hora en condiciones operativas programadas y un máximo del 10% por minuto ante cambios abruptos del recurso renovable. Además, los sistemas deberán ser capaces de entregar el 100% de su potencia nominal en un plazo no mayor a cinco minutos, con tiempos de respuesta de hasta 200 milisegundos.
Si bien el sector reconoce la necesidad técnica de estos requerimientos, las observaciones más críticas se concentraron en la dimensión económica de la norma.
Rafael Velazco Espaillat, Consultor Senior, sostuvo que “aunque totalmente necesarios, pues el sector eléctrico se rige por leyes físicas, no menos cierto es que los mecanismos para solventar sus costos y remuneración adecuada a fin de que puedan ser viables están regidos por leyes de mercado”.
Según explicó, la incorporación obligatoria de estos sistemas implicará un aumento significativo tanto en la inversión inicial como en los costos operativos de los proyectos.
El punto más sensible es que la resolución no define esquemas de compensación para funciones que pasan a ser obligatorias.
“El mayor desafío es que dicha Resolución exige todo esto, pero sin que la propia Resolución establezca mecanismos de remuneración para elementos vitales requeridos tales como arranque en negro y firmeza de potencia, lo cual lo exige, la implantación de los equipos necesario para el Grid Forming y los costes asociados a requerida respuesta rápida de regulación de tensión y frecuencia”, advirtió Velazco.
Esta situación genera incertidumbre para desarrolladores e inversionistas, ya que los costos asociados a estas prestaciones no cuentan con una señal económica clara.
En paralelo, la Superintendencia de Electricidad emitió la Resolución SIE-164-2025-MEM, que establece el procedimiento de autorización para la instalación de SAEB.
Este instrumento define los requisitos técnicos y legales que deben cumplir los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista y busca ordenar la incorporación de almacenamiento desde el punto de vista administrativo y operativo. Ambas resoluciones forman parte de un mismo proceso de adecuación normativa frente a la creciente penetración de renovables.
Comparación regional y desafíos pendientes
En términos técnicos, el nuevo marco regulatorio coloca a República Dominicana en línea con otros países de la región que ya avanzaron en la integración de almacenamiento energético. Sin embargo, la diferencia clave radica en el tratamiento económico.
En mercados como Guatemala, Panamá o Colombia, existen mecanismos específicos para remunerar potencia, energía y servicios auxiliares prestados por los sistemas de almacenamiento, lo que otorga previsibilidad financiera a este tipo de inversiones.
En ese contexto, la lectura del sector es que la Resolución SIE-178-2025-MEM representa un avance relevante, pero incompleto. La exigencia técnica sin reconocimiento económico podría ralentizar el despliegue de baterías a gran escala. Para que el almacenamiento se consolide como un componente estructural del sistema eléctrico, el desafío pendiente será alinear las señales regulatorias con esquemas de remuneración que reflejen el valor real de los servicios que estos sistemas aportan a la red.
