Puerto Rico avanza hacia una disyuntiva estructural: consolidar su transición energética o quedar amarrado al gas natural por otra década. En ese escenario, el almacenamiento con baterías (BESS) se perfila como el componente clave para garantizar resiliencia, integración renovable y autonomía frente a los apagones.
Para el experto del sector energético, Luis Aníbal Avilés, el panorama fue claro: “El almacenamiento energético será el corazón de la resiliencia”, sostuvo.
Su implementación permitirá absorber la generación solar durante el día, sostener el sistema eléctrico en momentos de interrupción y activar microredes comunitarias en eventos climáticos extremos.
“Sin baterías, la isla queda a merced de las restricciones de curtailment de LUMA y de la volatilidad del gas”, manifestó Avilés, señalando los riesgos de continuar dependiendo de combustibles fósiles e infraestructuras vulnerables a los vaivenes regulatorios.
A pesar de su importancia estratégica, la implementación masiva de sistemas BESS enfrenta un entorno incierto, principalmente por obstáculos regulatorios y legales. Según el especialista, “hay licitaciones activas y planeadas para proyectos solares y de almacenamiento”, pero su avance está condicionado a la estabilidad normativa. Uno de los principales factores de incertidumbre es la ofensiva legal de la Junta de Supervisión Fiscal (FOMB) contra la Ley 10-2024, normativa que protege la medición neta en la isla.
“El avance depende de reglas claras y de incentivos que contrarresten la incertidumbre creada por la demanda de la FOMB contra la Ley 10-2024”, advirtió. La medida legal no solo impacta a los prosumidores, sino que genera un efecto cascada sobre toda la cadena de inversión en infraestructura energética limpia.
A esto se sumó una serie de trabas impuestas por LUMA Energy, empresa encargada de la transmisión y distribución eléctrica. Una de las más controvertidas fue el intento de imponer curtailment sin compensación, lo que implica limitar la energía renovable disponible incluso cuando puede inyectarse a la red. “LUMA intenta imponer curtailment sin compensación, lo cual limita la energía renovable aun cuando está disponible”, remarcó el experto.
Otro obstáculo clave fue el cobro de 300 dólares a los prosumidores, una medida que en la práctica desalienta inversiones residenciales en almacenamiento y retrasa la descentralización del sistema. “Sin resolver ese frente regulatorio, la adopción masiva de BESS seguirá en riesgo”, afirmó Avilés.
La tensión se amplificó por la contradicción estructural entre la política pública vigente y las decisiones políticas que se están tomando. Según Avilés, “el principal desafío hoy es la contradicción entre la política pública escrita —que ordena la transición a renovables— y la insistencia de la Gobernadora González en amarrar al país al gas natural”. El caso más concreto fue la negociación de un contrato de entre 7 y 10 años con New Fortress Energy, empresa que, además, enfrenta problemas financieros. “Se busca cerrar un contrato con una empresa casi insolvente”, subrayó.
Pese a las tensiones, el sector renovable mantuvo sus expectativas activas de cara a los próximos años. Avilés destacó tres frentes que marcarán el rumbo del sistema eléctrico insular: la adjudicación de proyectos de almacenamiento a gran escala, la habilitación de microredes resilientes y la defensa legal de la Ley 10-2024.
“Los próximos meses marcarán si Puerto Rico consolida su ruta a 100% renovables o si queda anclado en gas natural por otra década bajo New Fortress”, concluyó Avilés.
Con el almacenamiento energético como pieza clave del sistema futuro, las decisiones que se tomen hoy —tanto regulatorias como contractuales— definirán si la isla avanza hacia la soberanía energética y la resiliencia climática, o si continúa atada a modelos fósiles en crisis.
